Los trabajadores de la Secretaría de Adicciones de la provincia solicitaron la declaración de emergencia en salud mental y adicciones. Afirman que el consumo de sustancias se ha incrementado en los barrios populares, agravado ante el fortalecimiento del fenómeno de narcomenudeo “que fragmenta los vínculos comunitarios y sociales”. Plantean que faltan políticas y abordajes serios en la problemática y en ese contexto advierten que hay muchos trabajadores precarizados y que faltan recursos para atender a niños y jóvenes en situación de consumo. La advertencia se da en el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que dio comienzo a una semana de acciones de concientización sobre la problemática de las adicciones y las estrategias para abordarlas.
Se trata de una cuestión muy compleja y de difícil tratamiento, en principio a partir de los diferentes enfoques, a veces contradictorios. Los centrales son la estrategia reactiva y policial ante el tráfico ilícito de drogas y la estrategia preventiva, normalmente de salud, para concientizar sobre adicciones y tratar a los adictos. De hecho, la campaña “Acompañe, no castigue” persigue que la reducción de daños se incorpore en la agenda política mediante el fortalecimiento de la capacidad de movilización de las comunidades afectadas y sus aliados, la apertura de un diálogo con las personas responsables de formular las políticas, y la sensibilización de la opinión pública. Así, las actividades comenzaron con la difusión de las actividades del servicio de orientación, prevención y escucha del Programa Universitario para el Estudio de Adicciones (PUNA). Los referentes de salud advierten que “está demostrado que el castigo como respuesta del Estado no resuelve un problema que debe abordarse con políticas públicas desde el área de salud y educación”, dijo la titular del PUNA, y agregó que se precisa una mirada libre de prejuicios.
En este sentido, se sabe que el Estado ha incrementado la ayuda a las organizaciones no gubernamentales; sin embargo, esa relación tiene que profundizarse. En el reciente congreso sobre abordaje de consumos problemáticos, el experto Alberto Calabrese dijo que el trabajo de las ONG aumentó pero que estas tienen muchas limitaciones, y que los tratamientos sobre todo “tienen una carga prejuicial muy importante y eso no ayuda a las personas a recuperarse”.
Por otra parte, falta analizar si la tarea estatal es suficiente para la amplitud de la problemática. Los operadores de la misma Secretaría de Adicciones, que hicieron un reclamo públicos, piden la declaración en emergencia en salud mental y adicciones, reclaman más camas para desintoxicación y una política de abordaje integral. Los operadores advierten que cada vez se registran más pedidos de ayuda, que hay muchas problemáticas de salud mental que se asocian al consumo de sustancias, que la cantidad de jóvenes que toman alcohol y consumen marihuana aumenta cada vez más y que también sorprende la edad inicio en las drogas. Sobre esto urge un abordaje más completo.